El Pleno aprueba la propuesta de Unidas Podemos para que el Gobierno cumpla con los Acuerdos de París en cuanto a la lucha contra el cambio climático

La cámara da el visto bueno a la iniciativa del Grupo Parlamentario que insta al Ejecutivo a denunciar ante Europa la indefensión de los Estados ante las controversias planteadas por los inversores al amparo del Tratado sobre la Carta de Energía

Pablo Jiménez señala que “el no cumplimiento o el bajo cumplimiento de las decisiones que emanan del acuerdo de París hace peligrar el objetivo del aumento de temperatura global no más allá de 1,5º de aquí a finales de siglo y la neutralidad climática en 2050”

El Pleno del Parlament ha aprobado este martes la Proposición No de Ley (PNL) de Unidas Podemos sobre el Tratado de la Carta de la Energía por la que insta al Gobierno del Estado a denunciar ante la Comisión Europea y el Consejo de Europa la indefensión de los Estados ante las controversias planteadas por los inversores al amparo del Tratado sobre la Carta de Energía, puesto que este acuerdo puede poner en peligro nuestro futuro climático y reducir, con el pago de las indemnizaciones, el presupuesto necesario para afrontar las consecuencias sociales derivadas de la pandemia.

El diputado de la formación e impulsor de la iniciativa, Pablo Jiménez, ha señalado durante la defensa de posiciones que “como no nos hartamos de repetir, la humanidad vive un momento especialmente preocupante desde el punto de vista ambiental debido a dos cambios fundamentales en los equilibrios ecosistémicos provocados por la acción antrópica: la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”.

Por ello, ha señalado, “desde instituciones de la ONU como el IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, en español) o el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en español), sus recurrentes informes nos hablan de poner freno a determinadas actividades económicas relacionadas con la depredación de los recursos naturales y el uso abusivo de los combustibles fósiles”. “Nada nuevo que no sepamos. Otra cosa es la inacción de los gobiernos y de los estados en poner freno a una situación que nos lleva a un camino sin retorno”, ha apuntado.

Asimismo, Jiménez ha defendido que “centrándonos en las cuestiones climáticas, el no cumplimiento o el bajo cumplimiento de las decisiones que emanan del acuerdo de París hace peligrar el objetivo del aumento de temperatura global no más allá de 1,5º y de aquí a finales de siglo y la neutralidad climática en 2050, únicas posibilidades según el IPCC de revertir la tendencia actual de aumento sin control de los GEI”. Por ello, ha dicho, “para alcanzar esos objetivos es urgente aplicar e implementar las medidas contempladas en ese acuerdo, pero también desarrollar otras que impidan que determinadas especulaciones financieras limiten o impidan a los estados cumplir las obligaciones que han contraído internacionalmente” y “una de estas medidas tiene que ver con el tratado de la carta de la energía”.

Cabe señalar que el Tratado sobre la Carta de Energía nace de la Carta Europea de la Energía, aprobada en la Conferencia de La Haya el 17 de diciembre de 1991, y es un tratado multilateral de inversiones en el sector energético ratificado por cincuenta y tres países de Europa, Asia Central, Australia y Japón y tiene por objeto principal blindar las inversiones, en este caso, de los grandes grupos energéticos y financieros globales, aunque también trata de asegurar que Europa Occidental tenga acceso permanente a combustibles fósiles, así como de crear un mercado europeo de energía.

SOLUCIÓN ENTRE INVERSORES Y ESTADOS

Por otra parte, con esta iniciativa, que ha contado con el apoyo de los grupos del Pacte,  la formación ha instado al Gobierno de España a asegurar la supresión de las disposiciones del Tratado sobre la Carta de Energía que protejan las inversiones en combustibles fósiles y que sean retiradas del Tratado. Así como el sistema de solución de controversias entre inversores y Estados, la cláusula ISDS.

Según ha explicado el diputado de Unidas Podemos, “para garantizar los beneficios de los inversores, el TCE se estructura en dos pilares fundamentales: la protección de inversiones en el sector energético y el mecanismo ISDS. Así, en el primer caso se contempla la protección a lo largo de la cadena de producción: minas, campos de petróleo y gas, oleoductos, refinerías, centrales eléctricas y energías renovables. Sin embargo, a efectos prácticos son las inversiones en combustibles fósiles las que están altamente protegidas, no contemplándose ningún tipo de criterio o disposición de protección ambiental o acción climática vinculante (Artículo 19 del TCE)”.

Por otra parte, ha continuado, “a través del mecanismo ISDS o Solución de Controversias entre Inversores y Estados, los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados si consideran que han legislado en contra de sus intereses económicos presentes o futuros. Las demandas no se resuelven ante tribunales ordinarios sino ante tribunales de arbitraje privados que no tienen en cuenta la normativa legal de los Estados o de la UE”.

En este sentido, Jiménez ha explicado que “los tribunales de arbitraje se celebran a puerta cerrada y están formados por tres abogados, siendo sus laudos inapelables. Las compensaciones que los Estados tienen que pagar a los inversores por haber legislado pueden ser millonarias o multimillonarias y los Estados sin embargo no pueden demandar a los inversores si estos consideran que han vulnerado parte del acuerdo”. Para el diputado, “esto es un instrumento unilateral y exclusivo para inversores extranjeros” y produce “tres impactos directos del TCE sobre la soberanía de los Estados: Endeudamiento de las arcas públicas, Limitación de la transición energética y de la coherencia de políticas, Limitación de desarrollo de políticas sociales en situaciones de emergencia como la COVID-19”.