Unidas Podemos defiende la vivienda pública como elemento vertebrador de la sociedad

Pablo Jiménez responde al mantra de C’s que “insiste en la idea de la colaboración público-privada venga a cuento o no, dada su ideología liberal” y defiende que “es obligación de la Administración facilitar una vivienda digna al conjunto de la población”

La formación recuerda que las externalizaciones han supuesto el trasvase de la prestación pública de un servicio a la iniciativa privada por lo que debe ser la Administración quien marque el rumbo

Unidas Podemos ha defendido este martes la defensa de lo público como elemento vertebrador de la sociedad y ha recordado que es obligación de la Administración facilitar una vivienda digna al conjunto de la población.

Durante la moción presentada por Cs con respecto a la adopción de medidas y actuaciones inminentes en relación con la política de vivienda asequible y social del Govern, el diputado Pablo Jiménez ha asegurado que esta iniciativa “insiste en la idea muy arraigada en este partido –por Cs– de la colaboración público-privada, algo que repite como un mantra en cada una de sus intervenciones, venga a cuento o no. Entendemos, no obstante, que es normal dada su ideología liberal”.

En este sentido, Jiménez ha apuntado que “la Administración debe facilitar una vivienda digna singularmente a aquellos colectivos más desfavorecidos, golpeados por continuas crisis del sistema capitalista que no duda en dejar en la cuneta a quien no puede adaptarse a sus cambios de orientación o de estrategia económica”. Además, ha declarado que también debe ser “la Administración quien tiene que paliar las consecuencias de estos cambios cíclicos solo ideados para la mejora de las cuentas de resultados de las grandes empresas inmobiliarias y de los fondos de inversión. Es la Administración la que tiene que marcar el rumbo”.

El adelgazamiento de la función pública es algo que ya resulta viejo entre los postulados de la derecha. Creer ciegamente en que el mercado lo arregla todo nos lleva a tener que socorrer a los bancos y que no devuelvan lo aportado desde el erario público, socorrer concesionarios de autopistas o tener que declarar el estado de alarma en Madrid, ahogado por una nefasta gestión de un servicio público de salud lastrado por años de externalizaciones y privatizaciones y el abandono a su suerte de la atención primaria”, ha indicado Jiménez.

Para el diputado, esto supone “una situación basada en la red de relaciones entre la derecha gobernante y los empresarios que prestan servicios en concesión”. “En un momento tan delicado como el que se está viviendo y en que no se aumentan las plantillas públicas como demandan todos los sindicatos sanitarios, ya se sabe que volcar fondos a la sanidad pública, como a cualquier otro servicio público, es dejar de darlos a la empresa privada”, ha dicho.

BLINDAJE DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA

En relación a la vivienda, Jiménez ha recordado que “la Ley de Vivienda de Baleares estableció un nuevo marco normativo con el objeto de paliar la grave situación habitacional de las islas desde la perspectiva pública como, por ejemplo, entre otras medidas, la cesión obligatoria de las viviendas de los grandes tenedores al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) durante un mínimo de tres años”. Además, ha apuntado que “el DL3/2020 de medidas urgentes de vivienda, que compartimos parcialmente, establece también algunos de estos preceptos normativos básicos como la ampliación del parque público de vivienda y una atención mayor al alquiler social”.

Por otra parte, ha explicado que “el Estado tiene entre sus planes impulsar una Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que facilite un nuevo marco legislativo que ofrecerá cobertura jurídica y protección a la vivienda social y protegida, entendiéndola cómo un instrumento clave de la acción pública en favor del derecho a la vivienda”. “Algunos de sus objetivos estarían encaminados al blindaje de la función social de la vivienda, a promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda o el refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia”, ha añadido.

Jiménez, además, ha recordado que “todo ello debe formar parte de políticas sociales de vivienda que deben partir del estado, de la Administración”. “No tiene porqué existir convenios de colaboración para todo. Pueden contratarse, mediante concurso público, los servicios de urbanización y construcción y/o rehabilitación programados, a la iniciativa privada, pero sin necesidad de convenios de colaboración”, ha incidido.

En este sentido, el diputado ha recordado que “las externalizaciones han supuesto el trasvase de la prestación pública de un servicio a la iniciativa privada”. “La colaboración público-privada es algo que se nos viene vendiendo con insistencia desde hace más de treinta años y es algo que se ha ido incorporando al discurso general de la derecha, pero también en parte de la izquierda, como si fuera la solución definitiva a todos los problemas económicos y sociales de nuestra sociedad”, ha aseverado el diputado, a la vez que ha explicado que “la colaboración público-privada se puede manifestar a través de múltiples caras:  la externalización, la contratación externa y los partenariados y modelos híbridos o mixtos”.

“PUEDE SER EL PRIMER PASO DE UNA PRIVATIZACIÓN”

Jiménez, además, ha indicado que “según los gurús de estas iniciativas se aporta un mayor valor gerencial en cuanto a eficacia, eficiencia y calidad, valor social al poder intervenir diferentes actores sociales en los procesos y valor político al dar una imagen de respuesta consensuada a las demandas de los ciudadanos de forma equilibrada con la iniciativa privada”. “Obviamente esto es pura ideología liberal que obvia los problemas de estas fórmulas de actuación económica centrada en el encuentro de lo público y lo privado en la gestión de lo público”, ha espetado.

“Si bien es cierto que la colaboración público privada no significa necesariamente que los servicios que se presten desde la iniciativa privada estén necesariamente privatizados, sí que pueden ser el primer paso para una futura y definitiva privatización”, ha apuntado el diputado a la vez que ha recordado que “muchas de estas operaciones acaban en sobrecostes del servicio, como ha ocurrido con el del abastecimiento de agua en muchos municipios, o en la construcción de infraestructuras innecesarias que suponen un gasto inmenso para las arcas públicas, así como el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, subcontratados en empresas distintas a la concesionaria”.