27 d'octubre

Lucía Muñoz: “Los derechos de la infancia y la adolescencia se garantizan y se protegen con una adecuada inversión pública”

La diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso, Lucía Muñoz, ha defendido este miércoles durante la comparecencia del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil la necesidad de asegurar un nivel mínimo de renta en todos los hogares para luchar contra dicha pobreza. Asimismo, ha explicado que “los derechos de la infancia y la adolescencia se garantizan y se protegen con una adecuada inversión pública, que garantice la igualdad de oportunidades y erradique la pobreza infantil“.
Muñoz ha asegurado en la comparecencia que “debemos ser capaces de llevar a cabo políticas sociolaborales y familiares que favorezcan a trabajadores y trabajadoras para asegurarle a la infancia una trayectoria vital en igualdad de oportunidades“. Dicha comparecencia se ha llevado a cabo en el marco de la Comisión de Presupuestos para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

En ese sentido, la diputada ha esclarecido que “el incremento del Ingreso Mínimo Vital ha sido sin duda un gran avance pero seguimos teniendo desafíos porque existe un grupo indeterminado de niños, niñas y adolescentes que no cumplen los requisitos de acceso y que por vivir en hogares en situación de precariedad no pueden acceder a deducciones fiscales”. Por ese motivo Muñoz ha alertado que “ese grupo requiere de otras soluciones si no queremos dejar a nadie atrás”.

Las políticas públicas de apoyo a la familia y a la infancia han sido unas de las grandes olvidadas de nuestro Estado del Bienestar“, ha alertado Muñoz, quien ha añadido que “a pesar de que han ido transformándose para tratar de responder al aumento de las nuevas emergencias sociales, el diseño sobre el que están vertebradas, sobre todo en su vertiente prestacional, resulta inadecuado e insuficiente para satisfacer las demandas de los hogares más vulnerables”.

En ese sentido, la diputada ha añadido que “este escenario revela la necesidad de plantear una reforma del sistema de prestaciones a la familia y a la infancia que nos lleve hacia la protección universal de niñas, niños y adolescentes, independientemente de la situación concreta de las figuras parentales, que sea compatible con otras prestaciones y que dé prioridad a medidas preventivas, especialmente durante los primeros años de infancia”.