Por fin una ley que blinda el derecho a la vivienda

Reconocido como derecho universal en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por el 47 de la Constitución Española, el derecho a una vivienda digna permanecía hasta ahora como una mera declaración, y el artículo 22 del Estatut d’Autonomia incumplido. Llevamos una década en la que cientos de miles de familias se han ahogado en la ciénaga de las hipotecas, y que ahora corren el peligro de endeudarse otra vez de forma perpetua. Todo ello, en un contexto de condiciones laborales cada vez más precarias.

Si a esto le sumamos el uso anómalo de las viviendas para alquiler vacacional -que provoca que los alquileres residenciales estén experimentando subidas desorbitadas- y el consiguiente incremento especulativo del precio en compraventa como dos importantes factores, llegamos a la conclusión de que se imposibilita el acceso a la vivienda en nuestras islas. La evolución de esta situación ha producido un escenario en el que algunas de nuestras localidades o incluso islas enteras, como es el caso de Ibiza, se encuentren con el grave problema de la emergencia habitacional.

Es por eso que, desde las instituciones en las que Podemos tiene responsabilidad de gobierno, como en el caso de los Consells insulares -y a pesar de la limitación competencial-, estamos llevando a cabo políticas de apoyo legal, financiación de las viviendas de protección oficial (VPO) -como en Ibiza-, o poniendo a disposición viviendas para emergencias habitacionales -como en el caso de Menorca-. También en los acuerdos de gobernabilidad del Ajuntament de Palma negociamos la apertura de la Oficina Antidesahucios, que lleva ya más de tres años funcionando y solucionando la situación más difícil a la que una familia se puede ver abocada.

 Desde que firmamos los ‘Acords pel Canvi’ para dar apoyo a la conformación del Govern de les Illes Balears, la política de vivienda ha sido para nosotros una prioridad absoluta; así, en julio de 2017 alentamos y aprobamos el Decreto de Emergencia Habitacional, que sirve de base para adoptar medidas excepcionales en localidades en las que se haya declarado esta situación de emergencia habitacional, financiandolo para 2018 con tres millones de euros. Además, hicimos lo propio con un Plan de Vivienda para la construcción de 526 viviendas en régimen de alquiler social, con más de cuatro millones dedicados a ayudas al alquiler. En definitiva, una gestión pensada para la gente.

Y ahora, por fin, aprobaremos en el Parlament de les Illes Balears una ley que por fin blinda el derecho a la vivienda. Y lo hace exigiendo a los tenedores de más de 10 viviendas que cedan a la Administración las que tengan vacías -por más de dos años-, para ofrecerlas en alquiler social; hace que la vivienda de protección oficial (VPO) sea siempre pública; lo hace también fomentando las cooperativas de vivienda en cesión de uso, por la que el Govern cederá gratuitamente los terrenos a las cooperativas, lo cual bajará mucho el coste de las viviendas; y lo hace otorgando a los Consells la capacidad de obtener suelo para viviendas sujetas a esta ley.

Sin embargo, queda mucho por hacer y necesitamos herramientas legales. Podem ha sido una pieza clave en la primera Ley de Vivienda; una ley que nos dará a todas las instituciones más herramientas para desmercantilizar el derecho a la vivienda. Un derecho con el que queremos que deje de especularse en nuestras islas, y que se convertirá en exigible por la vía judicial si no se cumple con el compromiso de dar solución habitacional o ayuda económica; una ley con la que haremos de la vivienda un derecho como una casa.

 

Article d’opinió d’Aitor Morrás, diputat al Parlament de les Illes, publicat a Diario de Mallorca el 30/05/2018