Unidas Podemos pide que la futura Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos asuma la lengua de signos

La formación registra una PNL en la que pide que se dé cumplimiento a la normativa internacional, nacional y autonómica

Gloria Santiago señala que “las instituciones deben promover cuantas medidas precisen para dirigirnos hacia una sociedad inclusiva”

El Grupo Parlamentario Unidas Podemos ha registrado este lunes una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Govern a garantizar que la futura Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, asuma como lengua para su promoción y defensa, también la lengua de signos, dando cumplimiento a la normativa internacional, nacional y autonómica.

La vicepresidenta primera de la cámara y diputada de la formación, Gloria Santiago, ha impulsado esta iniciativa y considera que “las instituciones deben promover cuantas medidas precisen para dirigirnos hacia la sociedad inclusiva que merece un país plural y diverso como el nuestro“.

Santiago también ha explicado que “en el Estatuto de autonomía de las Islas Baleares se refiere expresamente a este lenguaje en su artículo 19 y establece que las Administraciones públicas de las Illes Balears garantizarán el uso de la lengua de signos propia de las personas sordas, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto”.

“Por ello, consideramos vital que la futura Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos asuma el lenguaje de signos para promover la diversidad lingüística y cultural de las personas sordas y que quede incluida con todas las garantías en nuestra riqueza lingüística”, ha añadido.

Cabe señalar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad atribuye a los poderes públicos el deber de asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar del conjunto de todos los derechos humanos: civiles, sociales, económicos y culturales.

Asimismo, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas, exige garantizar los derechos lingüísticos de las personas signantes, observada la transversalidad en las políticas y líneas de acción en cualquiera de los ámbitos de actuación pública. En esta línea base se reconocen los derechos lingüísticos de las personas sordas y sordociegas a conocer y usar la lengua de signos española en la enseñanza, en los medios de comunicación, en los servicios públicos y, en general, en todas las esferas de la actividad pública y privada.

Además, la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, dispone como uno de sus principios fundamentales: la equidad, con el que se garantiza la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad y a través de ésta, la ayuda a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación.