Unidas Podemos reclama al Gobierno que revise los objetivos de estabilidad presupuestaria

Unidas Podemos ha reclamado este martes al Gobierno estatal a través de una Proposición No de Ley (PNL) firmada con los socios del Pacte y que ha sido aprobada en la Comisión de Hacienda que revise los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda de las CC.AA. y las entidades locales, flexibilizando su aplicación en todos los casos para hacer frente a gasto social derivada de la gestión de la situación de emergencia extraordinaria y a medidas para paliar sus consecuencias.

En este sentido, la diputada de la formación, Antònia Martín, ha asegurado que esto se debe revisar “especialmente en los casos tanto de las entidades financieramente saneadas, como de las no saneadas pero con dos ejercicios de superávit, con remanentes de tesorería”. “Queremos dar oxígeno a las administraciones locales para que puedan ayudar a la gente y al tejido productivo seria un poco el resumen”, ha añadido.

Además, los grupos han aceptado una enmienda en la  que se insta a la determinación de la duración/extensión de los ERTES se establezca como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, se insta al Gobierno del Estado a revisar la senda de estabilidad autonómica estableciendo metas asimétricas para cada comunidad autónoma según su punto de partida y a la modificación de la normativa de haciendas locales para permitir en los ayuntamientos de las Islas Baleares puedan eximir y bonificar impuestos y tasas municipales hasta que el PIB de la comunidad recupere los niveles previos a la crisis del COVID-19.

Martín ha destacado que “las administraciones públicas deben dar respuestas ágiles y eficaces frente a la crisis sanitaria, económica y social derivada del covid-19. Por ello, los ayuntamientos deben poder invertir los superávits y que la mal llamada de estabilidad presupuestaria no les permite destinar a las necesidades de la población”.

Así, la diputada ha remarcado que “necesitamos políticas de inserción laboral, ayudas a personas en riesgo de exclusión social o pobreza, bonos de alimentación a menores, ayuda domiciliaria a ancianos, etc”.

Asimismo, esta iniciativa pretende que el Gobierno del Estado elabore un plan de incentivos económicos y de impulso de la actividad económica y productiva de las Islas Baleares, con especial cuidado a las Pymes, microempresas y autónomos, y del mantenimiento de la ocupación. “Desde el Parlamento sentimos la necesidad de ayudar a las administraciones locales y también de colaborar en la ayuda que damos a personas y empresas, como por ejemplo las bonificaciones de tasas u otros impuestos que las empresas que han estado cerradas o han visto limitadas su actividad, tienen graves dificultades para abonar porque no han recibido ingresos”, ha señalado la diputada.

Por otra parte, esta PNL insta al Ejecutivo central a ampliar las medidas de apoyo financiero transitorio aprobadas al RDL 7/2020 para que incluyan la colaboración del sistema bancario en la respuesta al impacto de liquidez de las PYME y trabajadores, con la renovación de créditos y el aplazamiento de pago de hipotecas de las personas afectadas. Además, establece que el Gobierno del Estado flexibilice los plazos de pago de las cargas y deudas públicas transmitidas en la compra-venta de unidades de negocio autónomas y susceptibles de desarrollar una actividad empresarial, fomentando y permitiendo así un mantenimiento de la ocupación por absorción y evitar casos de liquidación y cese de actividad.

Finalmente, los grupos firmantes también instan al Gobierno del Estado a restringir la normativa aplicable en medios de pago para reducir las transacciones económicas en efectivo y aumentar las transacciones de pago electrónico y telemático, así como establecer medidas de fomento de la utilización de la factura electrónica a todos los niveles.

Cabe señalar que se han presentado y aceptado enmiendas en los puntos 7, 8 y 9. En este sentido se insta al Gobierno Central a que la determinación de la duración/extensión de los ERTES se establezca como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2020.